Cuando se le explica a un empresario dominicano que la Ley 222-20 lo hace responsable de lo que pasa con sus productos después de que el consumidor los usa, la reacción suele ser una mezcla de sorpresa y escepticismo. "¿Yo soy responsable de la basura que genera mi cliente?"
La respuesta es sí, en parte — y ese "en parte" es toda una filosofía de política ambiental que el mundo desarrollado lleva décadas aplicando con resultados medibles.
Qué es la Responsabilidad Extendida del Productor
La Responsabilidad Extendida del Productor (REP) es el principio por el cual quien pone un producto en el mercado — ya sea fabricándolo o importándolo — asume responsabilidad sobre su gestión al final de su vida útil. No es una nueva forma de impuesto. Es un mecanismo para internalizar los costos ambientales que hoy paga la sociedad en forma de contaminación, costos sanitarios y degradación ambiental.
La Ley 222-20 introduce la REP para lo que llama residuos prioritarios: envases y empaques plásticos, neumáticos fuera de uso, aceites lubricantes usados, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), entre otros. Para cada uno de estos flujos, la ley establece la obligación de los productores e importadores de financiar y participar en sistemas de recolección, tratamiento y valorización.
La REP no funciona sin cultura de reciclaje. La educación ambiental en comunidades es parte indispensable del sistema.
Los Sistemas Colectivos de Responsabilidad
La ley prevé que los productores puedan cumplir con su obligación REP de forma individual o de manera colectiva a través de Sistemas Colectivos de Responsabilidad — organizaciones sin fines de lucro o con fines de lucro, según el modelo, creadas y financiadas por los productores para gestionar conjuntamente los residuos de sus productos.
Este modelo colectivo es el que más éxito ha tenido en Europa: organizaciones como Ecoembes en España o CITEO en Francia gestionan cientos de miles de toneladas de envases al año, coordinando con municipios, recicladores y operadores de tratamiento. La escala que logran juntos es imposible de alcanzar de manera individual para la mayoría de las empresas.
La declaración de residuos como herramienta de cumplimiento
La Ley 222-20 también establece la obligación de declaración de residuos para los grandes generadores. Esto significa que las empresas tienen que reportar qué tipo de residuos generan, en qué cantidades, y cómo los están gestionando.
Esta declaración es la base de cualquier sistema serio de trazabilidad de residuos y de indicadores ambientales (KPIs). Sin datos, no hay gestión. Y sin gestión, los objetivos de la ley son solo aspiraciones.
¿Está preparado el sector privado dominicano?
En mi experiencia trabajando tanto desde el Ministerio como desde el sector privado, la respuesta honesta es: depende.
Hay empresas — especialmente subsidiarias de multinacionales y grandes grupos empresariales dominicanos — que ya están trabajando en sus sistemas de gestión ambiental y ven la REP como una oportunidad para diferenciarse y mejorar su Reporting ESG. Estas empresas están listas o pueden estarlo con relativamente poco esfuerzo.
Hay otras empresas — la mayoría, probablemente — que todavía no han procesado bien qué significa la REP para ellas. No es malicia. Es desconocimiento de la ley y de sus implicaciones, combinado con la incertidumbre sobre cuándo y cómo se va a aplicar.
Lo que el sector privado dominicano necesita, en este momento, es claridad regulatoria, plazos razonables para la transición y apoyo técnico del Estado para entender cómo cumplir. La REP puede ser una palanca poderosa para transformar la gestión de residuos en el país. Pero esa palanca necesita una base sólida para apoyarse.